(Ciclo Informativo, junio 2026).- Zulia se convirtió en el epicentro del debate jurídico nacional el sábado 20 de junio, al recibir a las máximas autoridades del Estado para la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, un despliegue institucional que busca transformar de raíz el sistema judicial venezolano.

El encuentro estuvo encabezado por el Fiscal General de la República, Larry Devoe Márquez, junto al Gobernador Luis Caldera, quien dio el inicio formal a las mesas de trabajo en la región. La jornada evidenció una sólida articulación de los poderes públicos al contar con la presencia de la Defensora del Pueblo, Eglée González Lobato; el Presidente de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza; y la Procuradora General de la República, Arianny Seijo Noguera, además de Legisladores, Alcaldes y representantes del Poder Judicial local.
Durante la instalación, el Gobernador Caldera ofreció todo el respaldo del Ejecutivo regional para expandir el debate y recordó el valor diferenciador de la entidad en materia legal. Destacó que el Zulia no solo es una cuna de juristas brillantes, sino también un territorio diverso donde conviven cinco pueblos indígenas que ejercen la justicia bajo sus propios usos, costumbres y sabidurías ancestrales, un factor clave para adecuar las leyes a las realidades sociales y culturales del país.

Por su parte, el Fiscal Larry Devoe Márquez agradeció el apoyo de la Gobernación del Zulia en este despliegue de profunda transformación y apuntó que el objetivo definitivo de las mesas de trabajo es consolidar un modelo de justicia plenamente justo y humano, blindado bajo los principios de la Constitución.
La humanización de los procesos fue el eje central de las declaraciones de la Defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, quien instó a superar fallas estructurales históricas como el retraso procesal. González Lobato conmovió al auditorio al señalar que el éxito de esta reforma no se medirá por el número de normas modificadas, sino por la cantidad de vidas que sea capaz de mejorar. Asimismo, hizo un llamado directo a evaluar alternativas a la privación de libertad en el caso de las mujeres, debido al severo impacto y la vulnerabilidad que sufren las familias y el tejido comunitario cuando una madre es separada de su hogar.

El evento concluyó con el acuerdo unánime de descentralizar el debate, asumiendo el compromiso de trasladar de inmediato estas mesas de consulta hacia los pasillos universitarios, los gremios profesionales y las comunidades populares de todo el territorio zuliano.
Al final del día, las firmas plasmadas en las actas de la jornada representaron mucho más que un acuerdo institucional; significaron el primer paso hacia una justicia que se parezca más a su gente. En una tierra de sol, lago y resistencia, donde la ley escrita se cruza con los códigos milenarios de sus pueblos originarios, reformar el sistema penal es un acto de soberanía y reconciliación social. La justicia venezolana empieza a reescribirse desde el Zulia, buscando que la balanza no solo pese la norma, sino que abrace el latido y la dignidad de cada ser humano.
Cortesía – Prensa Gobernación Bolivariana del Zulia