(Ciclo Informativo, febrero 2026). El acceso al agua potable es un derecho humano fundamental, y en municipios como Cabimas, donde el servicio por tuberías no llega a todas las comunidades con la regularidad deseada, los camiones cisternas se convierten en el principal medio de abastecimiento para miles de familias. Sin embargo, durante años, la falta de regulación permitió que algunos transportistas fijaran precios arbitrarios, afectando gravemente el bolsillo de los ciudadanos. Ante esta realidad, el alcalde Frank Carreño asumió el compromiso de escuchar al pueblo y establecer un marco legal que ponga fin a la anarquía en la venta de agua.
La información fue suministrada por el Ing. José Lara, encargado de la Secretaría de Transformación para la Ciudad Humana, quien explicó los alcances de esta nueva normativa:
«El instrumento legal establece el valor de la pipa de agua en 0.85 euros o su equivalente en bolívares soberanos, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) del día», indicó Lara.
Con esta promulgación, el Gobierno Municipal deroga y sustituye todas las referencias expresadas en Petro que contenía la Ordenanza Municipal publicada en Gaceta N°01 extraordinaria N°02 del 14 de febrero de 2023, adaptando la regulación a las nuevas realidades económicas del país.
El secretario Lara enfatizó que este decreto no nace de un escritorio, sino de las calles, de las necesidades reales expresadas por el pueblo cabimense:
«Nuestro alcalde, el Dr. Frank Carreño, ha escuchado el clamor que recorre nuestras calles, la preocupación por el acceso y, sobre todo, por el costo del agua potable que venden los camiones cisternas», manifestó.
La medida se sustenta en dos pilares fundamentales:
- Protección de la economía familiar: Al establecer un precio justo y único, se frena la especulación y se evita que los ciudadanos sean víctimas de cobros abusivos.
- Ordenamiento del servicio: Se fija una tarifa clara tanto para el prestador del servicio como para el consumidor, eliminando la discrecionalidad y la improvisación.
Uno de los aspectos más relevantes del decreto es que no se queda en el papel, sino que establece mecanismos concretos para garantizar su cumplimiento. El Ing. Lara aseguró que habrá una fiscalización activa y permanente:
«El decreto proporciona las herramientas legales para vigilar y sancionar a quienes no lo cumplan», advirtió.
Los entes encargados de velar por el cumplimiento de esta normativa serán:
Secretaría para la Transformación de la Ciudad Humana, a través de las direcciones de Ambiente y Servicios Públicos.
Policía Municipal de Cabimas, en articulación directa.
Secretaría para la Transformación de la Seguridad Ciudadana y Defensa, mediante la dirección de Desarrollo de Sistema de Organización Popular y Defensa Integral.
Esta articulación interinstitucional garantiza que habrá presencia en el territorio y capacidad de respuesta ante cualquier denuncia o irregularidad.
Llamado a la unidad y corresponsabilidad
El secretario Lara hizo un llamado tanto a los transportistas como a la comunidad en general para que se conviertan en garantes del cumplimiento del decreto:
«Hago un llamado a los transportistas del agua a sumarse a esta legalidad y a cada habitante de nuestro municipio para que sean los principales fiscales de que este precio se cumpla. Solo en unidad lograremos que Cabimas siga avanzando con justicia y bienestar para todos», expresó.
Con estas palabras, Lara enfatiza que la regulación no es una imposición, sino un pacto social donde todos los actores tienen un rol que cumplir: los transportistas, respetando la tarifa; los ciudadanos, denunciando cualquier abuso; y el gobierno, fiscalizando y sancionando cuando sea necesario.
La fijación de un precio oficial para el agua en cisternas tendrá un impacto directo y positivo en la calidad de vida de miles de familias cabimenses, especialmente en aquellas parroquias más alejadas donde el suministro de agua potable depende exclusivamente de este medio. Al eliminarse la incertidumbre sobre el costo, las familias podrán planificar sus gastos y destinar sus recursos a otras necesidades igualmente prioritarias.
El agua es vida, y cuando su acceso queda librado a la especulación y el desorden, es la dignidad humana la que se ve afectada. La promulgación de este decreto por parte de la Alcaldía Bolivariana de Cabimas no es un simple trámite administrativo; es una respuesta concreta a un problema que durante años golpeó a las familias más humildes. Detrás de los 0,85 euros fijados como precio oficial, hay madres que podrán llenar sus tanques sin angustia, ancianos que no tendrán que elegir entre el agua y la comida, y niños que crecerán en un municipio donde el Estado cumple su rol protector. Pero la ley por sí sola no basta: necesita del compromiso de todos. Que los transportistas entiendan que la legalidad también los beneficia, que los ciudadanos alcen su voz ante cualquier abuso y que el gobierno mantenga la vigilancia activa. Porque solo cuando el pueblo y sus autoridades caminan juntos, se construye un Cabimas con justicia, bienestar y agua para todos.
Cortesía-Prensa/Alcaldía Bolivariana de Cabimas